Una nueva agenda 2015-2017

Publicado el viernes 8, mayo 2015

Sergio Bitar: «Es un deber con el futuro de Chile destinar estos años de gobierno a elevar los estándares éticos y a afianzar las reformas que ayuden a conseguir una distribución más equilibrada del poder económico, social y político…». (Publicado en El Mercurio, 08 de mayo de 2015)

Los anuncios de la Presidenta de impulsar una nueva gran reforma por la probidad y la transparencia y su decisión de conformar un nuevo gabinete le permiten articular una nueva agenda 2015-2017. Para que su implementación sea exitosa, la Nueva Mayoría ha de poner atención a cuatro materias.

Primero, advertir que los nuevos cambios legislativos sobre reelección, pérdida del cargo parlamentario o financiamiento de los partidos no serán de trámite simple en el Congreso. La historia demuestra que pasados los escándalos, la atención afloja, nuevas coyunturas copan los medios y los opositores a los cambios ganan tiempo para desdibujarlos. Por ello, creo necesario instalar un Consejo Asesor de Probidad que haga el seguimiento de las iniciativas legales, sugiera cómo reforzar las normas que resguardan la ética en la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones empresariales y locales, la educación en las escuelas y universidades, y advierta los obstáculos y trabas.

La historia de Chile confirma los riesgos de resignación o descuido. La venta de empresas del Estado en dictadura generó la más grande transferencia de recursos públicos a unos pocos privados. Tropas a la calle para defender los cheques del hijo de Pinochet y las cuentas en el extranjero del dictador fueron síntomas alarmantes de degradación. El proceso de investigación en la Cámara de Diputados de las ventas de activos públicos se frustró en 1990 en medio de amenazas. Tampoco tuvieron éxito los intentos de los gobiernos democráticos para financiar con recursos públicos campañas y partidos y fiscalizarlos. La derecha se opuso obstinadamente.

La transparencia fue ganada paso a paso. En 1994 se formó una comisión por la transparencia para que corrigiera la opacidad de la dictadura. Se fueron eliminando los enormes recursos consignados como gastos reservados. Se recuperó por ley parte de la «deuda subordinada» de la banca. Se creó un conjunto de nuevas instituciones, como el Consejo de Alta Dirección Pública y Chile Compras.

A comienzos del 2000, denuncias originadas por sobresueldos provocaron nuevas iniciativas de reforma, se constituyó una comisión por la transparencia, y en 2003 se incorporaron nuevas normas de probidad y aprobaron los primeros recursos para financiar las campañas electorales. En 2006, nuevamente un caso (Chiledeportes) gatilló otra iniciativa, que se tradujo en nuevas normas protransparencia.

Muchas iniciativas demoraron o fueron bloqueadas.

Segundo, si bien es esencial proteger la esfera pública, la cabeza del Estado no puede ser una isla en medio de una sociedad de bajo estándar ético. Es prioritario resguardar la alta dirección de los poderes del Estado democrático y evitar que sea cooptada o condicionada por el dinero, distorsionando la voluntad ciudadana. Hay que instalar cortafuegos y también blindarla del crimen organizado, del lavado de dinero y del narcotráfico.

Pero tales medidas deben ser complementadas con otras que fiscalicen y sancionen las irregularidades e ilegalidades en el sector privado, como la colusión de farmacias, compra de acciones con información privilegiada, ajustes unilaterales de contratos por el sistema financiero, abusos de las empresas que proveen los bienes y servicios públicos.

Tercero, la lucha por la transparencia y la probidad es parte del proceso democrático, que consiste en distribuir más poder al ciudadano. Por tanto, estas iniciativas deben entenderse como parte de las demás reformas comprometidas en el programa de gobierno. La reforma tributaria, el nuevo sistema electoral, la educación como bien público, una reforma laboral que equilibre las relaciones, descentralizar el poder a regiones, fortalecer la salud pública, son formas de distribuir poder y profundizar la democracia. Por tanto, se debe conjurar el riesgo de diluirlas, como pregonan algunos personeros de la oposición. Distinto es mejorar su diseño, dialogar más y estimular el crecimiento, tareas indispensables.

Cuarto, iniciar un «proceso constituyente» es necesario y conveniente para enmarcar la reflexión sobre una nueva institucionalidad y un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y también debe entenderse como un proceso educativo para explicar qué es una Constitución y cuáles son sus insuficiencias y opciones de cambio. El proceso se deberá desplegar con un carácter participativo e institucional, para ganar mayorías sólidas, contrarrestando los temores que infunden algunos opositores de derecha y morigerando en esta etapa la obstinación con el procedimiento de algunos partidarios de izquierda.

No será simple ni fácil, pero es un deber con el futuro de Chile destinar estos años de gobierno a elevar los estándares éticos y a afianzar las reformas que ayuden a conseguir una distribución más equilibrada del poder económico, social y político.


Comments are closed.