Chile 2030. Una Estrategia para el Agua y la Desalación

Publicado el lunes 21, marzo 2016

Publicado en Estrategia, 21 de marzo de 2016

El informe del World Economic Forum (The Global Risks Report, 2016) advierte que el agua será uno de los tres principales factores de riesgo que enfrentará el mundo, junto al cambio climático (y su impacto en la seguridad alimentaria)  y a las migraciones por  terrorismo y  crisis económicas. El agua se irá transformando  en un tema de seguridad global,  tanto para la salud, como para la alimentación, el medio ambiente y  la paz mundial.

Chile debe encarar con prioridad  las futuras demandas de agua para el bienestar de todos sus habitantes  y para su desarrollo productivo sustentable. El alza de la  temperatura, el  desplazamiento de las lluvias, la subida del nivel del mar, el derretimiento de hielos, el retroceso de los glaciares, son todos fenómenos que incidirán sobre el agua y requieren con urgencia una política integral y resuelta, e instituciones con atribuciones reales.

Los compromisos firmados por Chile junto a los demás países del planeta para alcanzar  los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2016- 2030, al igual que  los acuerdos de París relativos al cambio climático y las medidas de reducción de emisiones y mitigación, requieren de una política nacional más visionaria y enérgica.

 Chile no cuenta hoy ni con una estrategia, ni con un  plan nacional de aguas. Se han iniciado, es cierto, importantes iniciativas de corto plazo para encarar la sequía, otras de mediano y largo plazo para construir infraestructura y cambiar leyes e instituciones. Pero se carece de un marco integral que contemple diversos escenarios, explore las opciones de acción y defina objetivos y criterios. Tampoco disponemos de una institucionalidad que facilite la coordinación y la coherencia de las medidas.

¿Qué desafíos enfrenta Chile en materia de agua? Para responder conviene observar el cuadro mundial.  Los reportes internacionales más recientes sobre el impacto del cambio climático (organización meteorológica mundial) y los relativos a la demanda y oferta global de alimentos (FAO y Banco Mundial), especialmente en Asia, no son  concluyentes. Por un lado advierten escasez hídrica en amplias regiones, e inseguridad alimentaria;  por otra se confía en la capacidad tecnológica y política  para   alimentar a toda la población hasta 2050 (OECD FAO, Agricultural Outlook, 2015-24, 2014). Otros estudios afirman que América Latina posee un tercio de las tierras arables y un tercio del agua del mundo y por tanto  se le abre una  oportunidad  para ser un creciente   proveedor de alimentos. (BID “The Next global Breadbasket 2050.  How Latin America can Feed the World», 2014).

Una mirada  preliminar de las tendencias globales permite entonces avizorar que  Chile puede posicionarse mejor y para ello requiere apuntar  a tres grandes objetivos: uno, asegurar el abastecimiento de agua para sus habitantes;  dos, sostener las actividades productivas más importantes, que son altamente insumidoras de agua;  y tres,  aumentar las exportaciones de alimentos, especialmente pecuarios, hortalizas y frutas que tendrían fuerte demanda por la expansión  de clases medias emergentes, particularmente de Asia.

¿Cómo encarar estos  objetivos? Existen dos  documentos oficiales recientes que proponen una estrategia de recursos hídricos: el primero publicado durante el gobierno del Presidente Piñera (Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 -2025,  2012) y el segundo   en el gobierno de la Presidenta Bachelet (Política Nacional de Recursos Hídricos, Ministerio del Interior, Chile, 2015). Aunque el segundo es más concreto y propone proyectos y medidas específicas, carece aún de una visión de largo alcance. Tampoco  disponemos  de suficiente información, precisa y detallada, para actuar con eficacia. A su vez, falta una capacidad institucional para  coordinar esfuerzos y  dar continuidad a las políticas y medidas.

En el tema agua se debe actuar del mismo modo que con energía. El actual gobierno dio un paso importante al elaborar  su documento Energía 2050 (Política  Energética de Chile, Ministerio de Energía, 2015).  Es hora de hacerlo con el  agua
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Como ha señalado el Banco Mundial y la OCDE, Chile posee la mayor dispersión institucional, con más de 40 instancias que deciden en temas de agua.

En el tema AGUA se debe actuar del mismo modo que con energía. Para tomar  mejores decisiones ahora se debe analizar los escenarios posibles al 2030  y elegir un rumbo. El actual gobierno dio un paso importante al elaborar  su documento Energía 2050 (Política  Energética de Chile, Ministerio de Energía, 2015).  Es hora de hacerlo con el  Agua.

Cuánta agua  necesitaremos y qué medidas adoptar? Se estima que el consumo total de agua en Chile es del orden de 7.000 m³/seg. De ellos, el 90% sería de uso  no consuntivo y un 10% consuntivo. El consumo consuntivo se distribuye aproximadamente así: cerca de 75% para la agricultura, cerca del 10% para minería, 6% a 8% para consumo humano y el resto para actividades industriales y otras.

En los últimos 30 años,  de 1980 a 2010, la demanda de agua se duplicó (Política Nacional de Recursos Hídricos, Ministerio del Interior, Chile, 2015). ¿Cuál será la expansión de la demanda de agua en los próximos 15 años,  2016- 2030?  Si creciera 30% en vez de 100%, como fue en los últimos tres lustros, requeriríamos entre 2000 y 3000 m³/seg adicionales de agua fresca. ¿Cuáles serían las  fuentes? ¿Cuántas  superficiales, de acuíferos subterráneos, por desalinización, cuanto por eficiencia y ahorro y  por reciclaje?

El consumo humano es la primera prioridad. Hoy existe un déficit de provisión de agua en 200 comunas a causa de las prolongadas sequías. Además, cerca de 400.000  habitantes  de zonas rurales  se proveen de acuíferos, muchos sobreexplotados, cuyas napas bajan constantemente, o de camiones aljibes, de alto costo.

En agricultura, para regar un  millón de hectáreas, se emplean cerca de 15.000 millones de metros cúbicos al año. Si Chile pretende transformarse en una potencia agroalimentaria y proveer de alimentos al mundo necesita  más tierra regada. Si se fija una meta de 200.000 o 500,000 Ha  adicionales para cultivos, y superar las  1,1 millones Ha actuales ¿cuánta agua se  necesitaría?

Dependerá de la eficiencia y de la tecnología. La eficiencia de riego  es aun baja. Cerca del 50% de las tierras cultivables utilizan riego tecnificado, el resto es riego tendido. Se estima que podría lograrse una reducción sustantiva  del consumo de agua,  bajando de 14.000 a 7.000 m3/Ha. Tal reducción permitiría elevar considerablemente las exportaciones de frutas y pecuarios. Es sabido que exportar alimentos equivale a exportar agua. Las cifras de  huella hídrica muestran que el consumo de agua por kilo de carne  de vaca alcanza a 15.000 litros por kilo, de pollo  4.300,  un kilo de manzanas requiere 820 litros de agua, de naranja 560 y 100 lt un vaso de vino. (Waterstat, www.footprint.org).

La minería continuará su expansión y eso implicará  alto consumo de agua.  Otras industrias  como  papel y  celulosa son también intensivas en agua. Una de las fuentes promisorias  para el sector minero  sector es la desalinización de agua de mar.

Como los desafíos son grandes, se requiere una estrategia compartida con participación de la comunidad. Es imperioso profundizar el conocimiento y monitoreo del cambio climático, para evaluar proyectos que mitiguen daños y retengan agua cuando sube la isoterma cero y  se aceleran los deshielos. Y es necesario diseñar y financiar, de manera conjunta, publico privada,  la construcción de tranques que retengan aguas lluvia, el revestimiento de canales, la construcción de partidores para elevar la eficiencia del riego y grandes embalses. Habrá que  tratar  aguas servidas o recuperar aguas de ríos que se arrojan  al mar y puedan trasladarse de unas cuencas a otras, haciendo uso de las mejores  tecnologías disponibles. Estas y otras posibles acciones deberán ordenarse por prioridad, elaborar los proyectos, estudiar su financiamiento y diseñar un plan que oriente las iniciativas futuras. En el plano legislativo corresponde aprobar  una  reforma constitucional que prescriba que el agua es un bien nacional de uso público.  También urge  un nuevo proyecto de ley  que regule la administración de las 100 cuencas de Chile.

Las tareas descritas requieren de una institucionalidad más moderna que la actual. Como ha señalado el Banco Mundial y la OCDE, Chile posee la mayor dispersión institucional, con más de 40 instancias que deciden en temas de agua. La  Presidenta designó a un delegado presidencial,  quien ha intentado  coordinar,  pero no se ha logrado aún establecer órganos con el suficiente poder. Una de las opciones es crear una subsecretaría de aguas en el ministerio obras públicas y evaluar si a ella se   integraría  la dirección General de Aguas o esta última debería mantener  una personería y funciones independientes.
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Si todo el incremento del consumo minero se abasteciera con agua de mar se debería aumentar la provisión de 1,3 a 15 m³/seg.

Una de las fuentes hídricas donde Chile tiene ventajas inigualables es la desalinización de agua de mar. La larga  extensión costera y la angostura de nuestro territorio nos dota de una  ventaja geográfica incomparable: prácticamente ningún pueblo está a más de 150 km de la costa en línea recta. Asimismo, la zona norte posee una de las más altas radiaciones solares del planeta para generación de energía solar. Chile debe colocarse a la  vanguardia del conocimiento e investigación en desalación y generación  solar.

El consumo humano y los nuevos proyectos mineros requerirán de  agua desalada. Esto se debe anticipar,  estimar la demanda, definir los proyectos, planificar el uso del territorio y revisar  la normativa legal para regular y coordinar. Hoy la autoridad resolutiva  es Directemar, dependiente del ministerio de Defensa, que aprueba la concesión de terrenos en el borde costero y el uso de agua de mar, con criterios que poco tienen que ver con los escenarios futuros.

A comienzos de 2016 ya se han otorgado  16 concesiones marítimas para la instalación de plantas de desalinización y están pendientes otras 16. Proseguir  de esta forma desembocará en una  fragmentación del borde  costero, con plantas de tamaño inadecuado, tuberías en exceso, sobreinversión, costos y precios más elevados y por tanto subsidios públicos indeterminados para el consumo humano. Además, se arriesga un daño ambiental y estético.

La Corporación Chilena del Cobre (Cochilco, Recursos Hídricos en la Minería del Cobre, Sergio Hernàndez, 2015) ha estimado que la minería utiliza actualmente  cerca  de 13 m³/seg,  de los cuales cerca de  un 10% es  proveído por agua de mar. En uno de sus  escenarios se estima una demanda de 27 m³/seg en 2025.

¿De dónde obtener esta agua? Si  todo el incremento del consumo minero se  abasteciera con agua de mar (más o menos desalada, dependiendo de la tecnología)  se debería  aumentar la provisión de 1,3 a 15 m³/seg. Ejecutar los  proyectos necesarios plantea desafíos de financiamiento,  localización, costo de la energía, y  tratamiento de la salmuera para evitar el daño ambiental. Es posible hacerlo, en coordinación con las mineras, siempre que se establezca una política pública nueva. Y una nueva institucionalidad.

Para corregir la actual dispersión institucional, tres nuevas  opciones son posibles. Una es operar a través de las empresas sanitarias, autorizándolas a instalar plantas desaladoras, con un subsidio del Estado  si hubiera un  mayor costo para el consumo humano. También podría invertir el Estado  a través de la empresa pública Econsa y entregar la operación en concesión a la sanitaria.  En tal esquema el agua  no se podría vender para otros usos (minería por ejemplo), salvo que se cambie la  ley que regula a las sanitarias.

La segunda opción es utilizar  el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas y dejar en este ministerio la responsabilidad de planificar y decidir. Se puede llamar a licitación la construcción y explotación de plantas bajo condiciones regladas. Las  plantas son estatales y se licita  su gestión a un privado, al igual que una autopista o un aeropuerto. El operador privado gestionaría y se financiaría mediante la venta del agua en condiciones negociadas con el Estado. La  tercera formula es crear por ley una empresa pública de desalinización de agua de mar. El reciente ejemplo de ENAP, autorizada por ley a generar y distribuir electricidad,  es una buena referencia. Tal empresa, por encargo del Estado, puede implementar una política nacional, asociarse o licitar a privados, desarrollar  ingeniería e investigación para dar a Chile preeminencia internacional en este sector.

Actividades estratégicas como energía y agua  no pueden quedar únicamente libradas a la lógica del mercado, ni  menos sujetas a decisiones de empresas internacionales que podrían actuar con objetivos distintos a los de  la comunidad chilena, en áreas que comprometen la seguridad nacional.

Para tomar la delantera en áreas cruciales para el desarrollo nacional se requiere asociación pública privada, formar gente, disponer de financiamiento, impulsar  investigaciones, asociarse con empresas nacionales y extranjeras y desarrollar una capacidad nacional. Para ello se necesita un Estado capaz de tomar riesgos y acometer  iniciativas de mayor envergadura, que el sector privado no asume ni puede asumir sin dirección pública.  Tal es a futuro el caso  del agua, y también de la energía solar.