¿Cómo seguir adelante con la reforma educacional?

Publicado el sábado 18, julio 2015

Sergio Bitar: “El Estado debe otorgar los recursos para infraestructura y docencia. Solo con metas ambiciosas y universidades estatales concertadas se ganará el respaldo social y político para conseguir recursos adicionales por plazo largo…” (Publicado en El Mercurio, 18 de julio de 2015).

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Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de dos posiciones estériles: detener la reforma educacional o proseguirla sin corregir. Gran parte de la derecha se opone a las reformas, y quienes desde la izquierda quieren acelerar terminan retrocediendo. Para sacarlas adelante, el Gobierno y la Nueva Mayoría deben afinar una estrategia que se afirme en la realidad y avance con mayoría. La Presidenta ha declarado preferir ese camino.

No es el propósito de estas líneas evaluar cómo se impulsaron estas reformas y si era inevitable el alto costo provocado por su modo de ejecución. Ahora corresponde ordenar la secuencia y el ritmo, evaluar bien los recursos materiales y humanos disponibles, proceder con más rigor técnico, explicar a las familias el camino que se seguirá, convocar a todos los actores y buscar convergencia. Se trata de una reforma mayor, que no se puede desplegar y consolidar toda durante este gobierno. Por lo tanto, sus partidarios deben procurar un respaldo ciudadano suficiente para continuar y consolidarla en los próximos gobiernos.

¿Qué hacer?

Primero, concentrarse en aprobar la nueva carrera docente, atendiendo a las inquietudes de los maestros (agobio, remuneración, formación inicial y en servicio), trazando un itinerario que asegure una creciente calidad docente y, por ende, de los aprendizajes de los niños. Ello requiere profesores bien formados, motivados y partícipes. Y también mayor aval de padres y apoderados.

Segundo, apenas se despeje el tema anterior, iniciar la discusión del proyecto de educación pública. Este paso es crucial para asegurar un real progreso del sistema escolar. Cabe precaver un escenario riesgoso: alcaldes que no inviertan porque no serán los responsables y particulares subvencionados que tampoco inviertan por incertidumbre o enmarañamiento burocrático. La nueva estructura pública debe construirse por etapas, aprendiendo de la reforma procesal penal.

Tercero, estar atentos a la implementación del término del copago y del lucro, monitoreando su cumplimiento y despejando obstáculos imprevistos, que los habrá, para que esos establecimientos eleven su esfuerzo educativo.

Cuarto, avanzar hacia una educación superior gratuita. Es un objetivo progresista visionario, pero ello no significa inmediatez. No es solo tarea de este gobierno, tomará años, y las expectativas tienen que alinearse. Durante el actual gobierno se debe garantizar que los jóvenes del 60% de los hogares más modestos la tengan (sujeto a condiciones de acreditación, no lucro, duración de los estudios) y acercarse lo más posible al 70%. Y luego ganar y comprometer apoyo ciudadano para proseguir en próximos gobiernos.

Conjuntamente, se deben aprobar otros cambios: reforma a la ley de acreditación, eliminación del lucro en institutos profesionales y centros de formación técnica, crear la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación Superior. Quinto, iniciar la preparación de un gran programa de modernización de las universidades estatales que abarque la conformación de una red coordinada, superando el actual archipiélago inconexo lleno de duplicaciones, y luego articular convenios de desempeño con el Estado para entregar recursos adicionales. La investigación científica, coordinada y focalizada en las prioridades nacionales y regionales; el diseño y gestión de los nuevos 15 CFT y de las dos nuevas universidades, la creación de una plataforma digital común para encarar la expansión de la educación a distancia, la renovación del personal académico, el reconocimiento recíproco de créditos universitarios, la especialización y complementariedad de las carreras, entre otros, deben ser parte de un plan de largo plazo concebido desde ahora.

Y este gobierno puede tomar otra gran decisión: elaborar un programa de ampliación de la matrícula de las universidades del Estado, de los actuales 160 mil alumnos (de 1.100.000), a lo menos a 200.000 en 2020. El Estado debe otorgar los recursos para infraestructura y docencia. Solo con metas ambiciosas y universidades estatales concertadas se ganará el respaldo social y político para conseguir recursos adicionales por plazo largo.

Para materializar las reformas se debe concitar el mayor compromiso ciudadano. Aquí nos jugamos el futuro de Chile.


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