«Espero que el Gobierno dé una señal de flexibilidad en el tema inmobiliario para dar tranquilidad a los sostenedores»

Publicado el domingo 23, julio 2017

Publicado en El Mercurio

Plantea que se deberían extender algunos plazos para que los establecimientos puedan seguir arrendando los inmuebles en los que funcionan sin necesidad de adquirirlos con tanta prontitud.

Sergio Bitar habla a ratos como si continuara siendo ministro de Educación, cargo que ejerció durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Maneja al detalle el debate sobre la Ley de Inclusión Escolar y analiza sus aspectos más relevantes sin recurrir a ningún ayuda memoria. Claro que en su posición actual muestra los que cree son aciertos y reparos ante una legislación que está en proceso de implementarse.

Esta semana en el Parlamento se debatió sobre los efectos de la nueva ley y hubo gritos y abucheos desde las graderías por parte de algunos sostenedores y apoderados de colegios particulares subvencionados.

Durante la accidentada sesión, la ministra Adriana Delpiano dijo que se revisarían aspectos «que pueden ser mejorables».

La polémica ya se arrastra hace meses. Sostenedores de colegios particulares subvencionados critican que para convertirse en corporaciones sin fines de lucro se vean obligados a comprar el inmueble donde hoy funcionan. De hecho, han planteado reparos a que el 31 de este año venza el plazo para manifestar si se convertirán en corporaciones sin fines de lucro, colegios particular pagados o bien si cerrarán sus puertas.

«Hay un camino que se puede ajustar»

-Una de las principales críticas de los sostenedores es que se establezca, para convertirse en fundaciones sin fines de lucro, que estén obligados a comprar el inmueble donde hoy funcionan, sobre todo pensando en que tienen un plazo que termina el 31 de diciembre para definir en qué régimen se mantendrán: si como particulares subvencionados, si serán particular pagados o si cerrarán.

-Siempre es bueno tener una mirada amplia de los procesos de cambio legal. Primero, el conjunto de las reformas escolares, yo lo valoro. Ley de Inclusión, Carrera Docente y la reorganización de las escuelas públicas a través de la desmunicipalización. Las tres hay que mirarlas en su conjunto y creo que avanzan en la dirección correcta, más allá de las críticas que hasta yo he hecho sobre el procedimiento y sobre su ritmo. Dos de ellas ya están aprobadas, por lo tanto hay un camino que se puede ajustar, afinar.

-¿Cómo se podrían ajustar?

-¿Cuál es el punto hoy? Que una de las dimensiones es el traspaso de propiedad (compra de inmuebles). En el traspaso es donde se ha producido un debate mayor y creo que es una materia que puede ser flexibilizada.

-¿En qué sentido podría flexibilizarse una legislación ya en marcha?

-En no necesariamente mantener las mismas presiones para que el traspaso de la propiedad se verifique en determinados plazos si hay dificultades para la obtención del financiamiento, o porque los intereses están más caros o porque los bancos no están en condiciones de dar esos recursos si no tienen las garantías.

-El plazo que se puso para el 31 de diciembre para definir si los colegios pasarán a fundaciones o no, ¿cree que sería factible de modificar?

-Si se da una señal de que se flexibiliza una de las preocupaciones, que es la adquisición del inmueble, muchos colegios no van a tener problemas de aceptar el paso a corporaciones sin fines de lucro. Porque el propietario sabrá que se respetará que la propiedad es de él y no pierde ese capital y no se exigirá que esa adquisición se haga en un plazo tan breve que no pueda cumplirse. Yo espero que el Gobierno dé una señal de flexibilización del tema inmobiliario y de la adquisición de la propiedad para dar tranquilidad a sostenedores y apoderados, de pasar a ser fundaciones sin fines de lucro, sabiendo que tendrán los apoyos para obtener los recursos para financiar este traspaso.

Modificar procedimientos

-La ex ministra de Educación Mariana Aylwin ha planteado que hay sostenedores de colegios pequeños que no tienen acceso al crédito de los bancos.

-Esas consideraciones las tiene que tomar en cuenta el Gobierno y creo que a través de la Superintendencia de Educación puede revisar en qué casos se puede dar un plazo adicional a través de un arriendo y buscar mecanismos alternativos de financiamiento a esos colegios. Nunca he pensado que la materia inmobiliaria sea la esencia del proyecto en términos de plazos.

Bitar plantea su propuesta: «Como parte del obstáculo es el temor a no tener el crédito para pagar el valor de la propiedad, una fórmula que no requiere ley es que la Corfo pueda modificar su procedimiento y preaprobar un crédito sujeto a que en el futuro se transformen en un momento determinado a fundaciones sin fines de lucro».

«Si se da una señal de que se flexibiliza una de las preocupaciones, que es la adquisición del inmueble, muchos colegios no van a tener problemas de aceptar el paso a corporación sin fines de lucro».

«Una fórmula que el Gobierno podría considerar para no perjudicar a los estudiantes que se encuentren estudiando en esos colegios (que pasaron a particular pagados) es que se les mantenga la subvención hasta que terminen sus estudios».

«Creo que a través de la Superintendencia de Educación se puede revisar en qué casos se puede dar un plazo adicional a través de un arriendo y buscar mecanismos alternativos de financiamiento a esos colegios».

SERGIO BITAR,
EX MINISTRO DE EDUCACIÓN