Chile: Una estrategia energética

Publicado el domingo 29, julio 2012

Publicado en Terra.cl
No tenemos estrategia ni plan energético. No llevamos un rumbo claro. A pesar de la vulnerabilidad energética de Chile, dependemos de lo que propongan los privados. El Estado recibe los proyectos, los revisa y cuida que se sometan a los procesos de evaluación establecidos en la ley. Pero en definitiva aquí manda el mercado. Y el mercado no es el mecanismo para decidir sobre los temas fundamentales. Esto debe cambiar.

Lo primero es asignar al Estado, con participación ciudadana, la obligación de trazar una estrategia, establecer los montos de energía necesarios, las fuentes preferidas, las prioridades medioambientales, costos e inversiones, con una mirada de largo plazo. El Ministerio de Minería, recién creado, de nada servirá si no cumple esta función.

Las razones son obvias. Chile es el país energéticamente más vulnerable de América del Sur, con la electricidad y el combustible más caros. No poseemos gas, ni petróleo, ni carbón en cantidad. Paradojalmente, en 2011 estamos produciendo cerca del 70% de fuentes fósiles, con material importado, y solo 30% de recursos renovables propios, como el agua; las renovables no convencionales son mínimas. En el norte (Sistema integrado del Norte Grande) casi el 100% de la energía es térmica. En los últimos 17 años (luego de Ralco) la generación con hidro creció 65%, mientras las de carbón aumentaron en 750%. Esta tendencia es insostenible. A este ritmo, además de contaminar irresponsablemente, habremos hipotecado nuestras exportaciones, por su alta huella de carbono.

Para 2020, descartada la nuclear, Chile debe ampliar prioritariamente la producción hidroeléctrica y acelerar las iniciativas renovables, especialmente solar. Corresponderá revisar los proyectos, definir su secuencia, precisar cuáles son de interés prioritario y llamar a licitación aquellos proyectos nuevos que el país considere convenientes. Este procedimiento debe usarse como en obras públicas: el Estado estudia, consulta y resuelve, y luego llama a licitación, sin esperar solamente que las grandes empresas decidan los que les conviene.

Hidroaysén no se debe descartar a priori. Sus embalses están bien diseñados, luego de importantes correcciones exigidas por el gobierno anterior. Al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet el procedimiento de evaluación no había terminado, quedaban más de mil observaciones pendientes de responder por la empresa. El gobierno de Sebastián Piñera aprobó esa fase. La red de transmisión está aún en revisión y debe ajustarse a las normas y exigencias ambientales. Si ellas no se cumplen, hay que tener preparados otros proyectos hidroeléctricos. Simultáneamente creo conveniente estudiar una planta solar de unos 1000 MW, a construir por etapas, y llamar a licitación antes de 2014. Esto nos obliga a un esfuerzo tecnológico y de investigación para aprovechar el sol y las tierras estatales del desierto de Atacama. Marruecos está elaborando un proyecto en Ouarzazate, de 2500 MW, que partiría con una etapa de 250 MW. Su gobierno está gestionando recursos, y una parte de la energía verde originada en el Sahara será transmitida y vendida a Europa, para cumplir con el compromiso europeo de reduccir en 20% la emisión de CO2 en 2020.

Sin embargo, el tema energético no es exclusivamente técnico. Es un tema político principal. De allí la expresión y movilización ciudadana de cuestionamiento a Hidroaysén y a otros proyectos, como Castilla o Barrancones. La ocupación del territorio nacional, la contención del calentamiento global y el cuidado de la naturaleza son decisiones que deben comprometer una participación amplia de la comunidad. Los ciudadanos no son meros consumidores de energía, son los verdaderos dueños del país. Ya no será posible como antes la imposición de decisiones por el gobierno o las empresas, como tampoco sirven las oposiciones intransigentes, de grupos ambientalistas que no presentan propuestas alternativas.

Por ello, además de las nuevas funciones que deberá cumplir el Estado debemos dar a los menos tres pasos: primero, construir una matriz diversificada, que disminuya la dependencia de una sola fuente, el carbón ; segundo, crear nuevas instancias de consulta ciudadana y reformar las leyes para perfeccionar el sistema de evaluación ambiental con representantes independientes de organizaciones legitimas de la sociedad civil y, tercero, estructurar una instancia encargada de regularmente a la opinión pública y grupos organizados los aspectos técnicos y alternativas para que las evaluaciones ciudadanas sean bien sustentadas.

Es posible y necesario que el Estado chileno prepare ya una estrategia y un plan energético 2020 y esbozar la década siguiente.


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