Reimpulsar las obras públicas

Publicado el miércoles 12, marzo 2014

Publicado en La Tercera, 12 de marzo de 2014
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El programa de la Presidenta Bachelet agilizará las obras públicas, apuntando a dos objetivos fundamentales: elevar la productividad y el empleo, y mejorar la equidad social y territorial. En su mandato anterior dejó una gran cantidad de obras licitadas, adjudicadas o en construcción, y trazó un plan estratégico, “Chile 2020: Obras Públicas para el Desarrollo” (Enero 2010), con consulta a todas las regiones y sectores sociales. Corresponde ahora continuar lo pendiente y dar un nuevo impulso.

Al retomar el MOP, el nuevo equipo deberá dar cuenta al país del estado de las obras que se reciben y reforzar los equipos humanos para ejecutar las nuevas. El nivel de obras bajó durante el gobierno saliente, y no guarda relación con la ampulosidad de los anuncios de los últimos meses. Tres ministros, cuatro directores generales y cuatro jefes de concesiones, en cuatro años, dan cuenta de una insuficiente gestión. El grueso de las obras ejecutadas o en ejecución en el período 2010-14 fueron heredadas del gobierno anterior. Es necesario poner estos datos en conocimiento de la opinión pública para que se puedan medir los nuevos avances. Igualmente, los equipos del MOP se han debilitado y no se cuenta con la suficiente capacidad técnica; se deberán ampliar.

Para sostener una estrategia de desarrollo y mejorar productividad es necesario abordar cuatro ámbitos: la conectividad internacional, la conectividad nacional, el mejoramiento urbano y la provisión de agua para agricultura y energía. Nuestra estrategia de ser país plataforma hacia el Pacífico, vinculando a Sudamérica y Asia, requiere avanzar en corredores bioceánicos (con Bolivia y Argentina) expansión portuaria (creando polo Valparaíso-San Antonio), y la expansión del aeropuerto de Santiago. La conectividad del territorio nacional, para elevar productividad de la agricultura, la industria, la minería y el turismo, requiere continuar avance en rutas longitudinales y transversales, extender autopista al norte de Copiapó, hacia Antofagasta y en el sur hasta Quellón (con puente Chacao), y por la Patagonia hasta el Beagle.

Asimismo, la calidad de vida y de los servicios requiere obras nuevas en las principales ciudades (autopistas, colectores de aguas lluvias, arquitectura pública, espacios culturales).

Para apoyar la estrategia de potencia agroalimentaria, y anticiparse al cambio climático, corresponde activar inversiones en embalses y canales. Además, urge apurar la reforma constitucional que declare el agua como un bien nacional de uso público, proyecto congelado por la administración Piñera, y aprobar una ley de cuencas.

El mejoramiento de la equidad debe contemplar la reactivación del programa de conectividad austral, la ampliación del plan de caminos básicos e indígenas, la aprobación del proyecto de ley de agua potable rural (aún pendiente), la ejecución de un mayor número de caletas pesqueras, centros culturales y deportivos.

Para apurar el tranco y cumplir se requiere allegar nuevos recursos, para lo cual deberemos estimular la asociación público- privada. Es necesario crear una agencia de concesiones, independiente, que tenga flexibilidad para operar con ministerios especializados.

La política de obras deberá revalorizar dos criterios: consulta ciudadana, especialmente en lo que concierne a la protección del medioambiente y calidad de vida en las ciudades; y proveer similares estándares de servicio a todos los habitantes.

Por último, el nuevo gobierno ha de perfeccionar la coordinación interinstitucional, con Transporte, Vivienda, Medio Ambiente, Municipios a fin de abordar planes de infraestructura integrales. Y debe fortalecer la defensa de los intereses públicos, ampliando la cantidad y formación de inspectores fiscales, la Fiscalía del MOP y el Consejo de Defensa del Estado. Las metas descritas trascienden el 2018, son parte de una política de Estado de largo plazo, a la que deben concurrir todos los actores involucrados.


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